SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. ES CONSTITUCIONAL QUE EL ARTÍCULO 195, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVEA COMO CONDICIÓN PARA ACCEDER A ESE MECANISMO QUE EL IMPUTADO CUMPLA CON LOS DEBERES DE DEUDOR ALIMENTARIO.

Una persona vinculada a proceso por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar solicitó la suspensión condicional del proceso. El Juez de Control autorizó esa forma de solución alterna y le impuso, entre otras, la condición de cumplir con los deberes de deudor alimentario, lo que se confirmó en la apelación. En amparo indirecto reclamó la inconstitucionalidad del artículo referido, al considerar que viola los derechos de legalidad, a la seguridad jurídica, a la dignidad personal y de acceso pleno a la justicia, pues señala que esa condicionante equivale a la imposición de una pena.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 195, fracción XIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer como condición para acceder a la suspensión condicional del proceso la obligación de cumplir con los deberes de deudor alimentario, no viola los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1o., 14 y 17 de la Constitución Federal.

La obligación de cumplir con los deberes de deudor alimentario para acceder a la suspensión condicional del proceso, de acuerdo con el artículo referido, no debe considerarse como una pena, sino como una condición necesaria para evitar un proceso penal. Este mecanismo de solución alterna del procedimiento tiene como finalidad restaurar la situación que existía antes de la comisión del delito, permitiendo al imputado reparar el daño causado sin que se le declare culpable. Esta condición es de naturaleza temporal y no implica una sanción retributiva, ya que no deriva de una sentencia condenatoria. Además, se subraya la importancia de la intervención del Ministerio Público, cuya función es esencial para salvaguardar los derechos de las víctimas, especialmente en casos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la norma impugnada no otorga al Juez de Control atribuciones propias de un Juez de lo familiar en un procedimiento civil, sino que establece un compromiso de pago periódico de lo ya adeudado por parte del imputado mientras dura la suspensión condicional del proceso.