📜 Justificación
La extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 113/2024 (11a.), determinó que el artículo 1915, segundo párrafo, del Código Civil Federal, que establece que para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base la Unidad de Medida y Actualización y se extenderá al número de unidades que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo, no es regresivo ni viola el principio de progresividad en relación con el derecho humano a la reparación del daño. Lo anterior toda vez que no constituye una medida regresiva por el hecho de que en términos estrictamente cuantitativos, una indemnización por causa de muerte calculada por el cuádruple del salario mínimo vigente más alto en la región multiplicada por 5000, sea menor numéricamente a la calculada a partir de una UMA multiplicada por 5000 unidades, pues tal desproporción derivó de que por virtud de la reforma al artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, el legislador incrementó el monto de la indemnización por causa de muerte de un trabajador a 5000 días de salario, pero sin ajustar a su vez otras disposiciones que, como el artículo 1915 del Código Civil Federal, utilizaban el citado artículo 502 como referencia para determinar indemnizaciones ajenas al ámbito laboral o de seguridad social. Así, la finalidad de la norma fue mantener la equidad y proporcionalidad en las indemnizaciones por daños ocasionados en virtud de un acto ilícito, y atender el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el salario mínimo no puede utilizarse como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, lo cual implica que el Constituyente Permanente prohibió al legislador ordinario continuar empleándolo como referencia para el pago de obligaciones, entre otras, las de naturaleza civil, mercantil, fiscal y administrativa. Por tanto, la UMA es el referente más adecuado para calcular la indemnización por daño moral, cuando se determina la responsabilidad administrativa del Estado.