RECURSO DE REVISIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO LA ENTIDAD PAGADORA QUE EFECTÚA LOS DESCUENTOS ORDENADOS AL SALARIO DEL DEUDOR ALIMENTARIO.

Una persona acreedora alimentaria promovió amparo indirecto contra la resolución interlocutoria que no aprobó la planilla de liquidación de alimentos que formuló. El Juzgado de Distrito estimó que la resolución reclamada carecía de motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad. Concedió la protección constitucional para los efectos de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y con plena jurisdicción emitiera otra, pero subsanando esas deficiencias formales. Contra dicha determinación la empresa que realiza los descuentos ordenados al salario del deudor alimentario interpuso recurso de revisión.

La entidad pagadora que efectúa los descuentos ordenados al salario del deudor alimentario carece de legitimación para interponer recurso de revisión contra la sentencia emitida en amparo indirecto.

La legitimación en los medios de impugnación es un tópico de orden público y preferente al fondo del asunto, susceptible de examinarse oficiosamente en cualquier momento, pues ante la falta de agravio a los intereses jurídicos de la parte recurrente, ésta no contará con legitimación para intentar el recurso de revisión. En ese contexto, el centro laboral del demandado, como entidad pagadora, se ciñe a efectuar los descuentos ordenados al salario del deudor alimentario, es decir, su intervención en el juicio natural se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia y, por ende, ese actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para atribuirle la calidad de autoridad responsable, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Aunado a ello, tampoco se advierte que dicha recurrente sea, en términos de la fracción III del precepto citado, una persona extraña al procedimiento con intereses contrarios a los de la parte quejosa que permitan atribuirle la calidad de tercera interesada, pues dado su papel como entidad pagadora, por regla general, no se advierte que tenga intereses contrarios a los de la impetrante del amparo, o que se cause agravio a su esfera jurídica.