PORTACIÓN DE ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. EL ARTÍCULO 83, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, QUE PREVÉ UNA AGRAVANTE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.

En amparo indirecto se reclamó el precepto citado, que prevé la agravante para el delito básico de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, cuando se realiza por un grupo de tres o más personas, al estimar que viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. El Juez de Distrito negó el amparo, por lo que las quejosas interpusieron recurso de revisión y el Tribunal Colegiado de Circuito reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 83, párrafo último, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

El principio de taxatividad exige al legislador la emisión de normas claras y precisas respecto de la conducta reprochable y de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito. El delito de portación de armas, cuyo uso es reservado para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea, tutela el bien jurídico consistente en la paz y la seguridad pública, y se actualiza por el solo hecho de portar armas, al ser esto una condición suficiente para que la seguridad individual y pública resulten ofendidas, independientemente de que su portación también lesione o ponga en peligro los bienes jurídicos consistentes en la vida e integridad de las personas, cuya protección es acorde con la finalidad del artículo 10 de la Ley Fundamental. El legislador reguló la agravante establecida en el artículo 83, párrafo último, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos porque consideró que el que sea un grupo integrado por tres o más personas que porten las armas que especifica la fracción III de ese precepto, representa una mayor lesión al bien jurídico tutelado por la norma. Esto es así, porque hay más personas que pueden disponer de cualquiera de las referidas armas y, además, están en aptitud de hacerlo conjuntamente, por lo que resulta evidente que la seguridad y la paz social se ven amenazadas en mayor grado. Por tanto, el legislador no se encontraba obligado a especificar que el grupo al cual se refiere el último párrafo del artículo 83 debe tener un propósito o fin específico, pues existen razones constitucionalmente válidas para que previera el aumento de la pena del delito básico, con independencia de los fines o el ánimo que tenga el grupo al portar dichas armas. La citada norma no es vaga o indeterminada al no precisar las características del grupo al que se refiere la agravante, y no exigir la comprobación de tales cuestiones, sino que se actualiza independientemente de ello.