MULTA POR FALTA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 164 DE LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO DE PUEBLA ES CONSTITUCIONAL.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla promovió acción de inconstitucionalidad contra el artículo referido de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, publicada el 5 de diciembre de 2023. Consideró que la multa que prevé es desproporcionada, excesiva y viola el principio de certeza jurídica por no precisar si el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en que se establece es diario, mensual o anual.

El artículo 164 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla es constitucional, porque la multa que prevé para las personas conductoras de vehículos motorizados que no cuentan con seguro de responsabilidad civil por daños a terceros no es excesiva, ya que puede graduarse conforme a diversos elementos; y no viola el principio de certeza jurídica, porque es dable deducir que debe determinarse conforme al valor diario de la UMA.

La prohibición de multas excesivas es una prerrogativa prevista en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es un deber del Estado garantizarla.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando la multa se prevé en porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo, la autoridad cuenta con un parámetro que la faculta para individualizarla de manera ponderada tomando en cuenta las circunstancias de cada caso a fin de evitar cualquier tipo de exceso.
En ese sentido, la sanción de 20 a 40 veces la UMA prevista en el artículo 164 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla no se traduce en una multa excesiva, al prever un mecanismo para graduar el monto de la multa entre un mínimo y un máximo, lo cual permite a la autoridad ponderar diversos elementos para su determinación, como son la gravedad de la falta, las condiciones económicas de la persona infractora y la reincidencia, los cuales son criterios previstos en el artículo 167 de la propia Ley de Movilidad estatal.
Por otra parte, el hecho de que el citado artículo 164 no señale expresamente si la UMA debe considerarse en su valor diario, mensual o anual para determinar la cuantía de la sanción, no implica vulnerar el principio de certeza jurídica, pues en atención al mandato constitucional que prohíbe la imposición de multas excesivas, así como al principio de interpretación más favorable a la persona que deriva del artículo 1o., párrafo segundo, constitucional, dicho precepto debe interpretarse de forma que la autoridad encargada de determinar la cuantía de la multa tome como base el valor diario de la UMA, por ser el que restringe en menor medida la esfera jurídica de la persona gobernada.
Lo anterior, pues de conformidad con el artículo 26, apartado B, párrafo penúltimo, de la Constitución Federal, el valor de la UMA se fija anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de manera que, a partir de ese valor fijado anualmente, puede deducirse el mensual y, de éste, el diario, a fin de determinar la cuantía de la sanción.