INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA EN PROCESOS JURISDICCIONALES. CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA VÁLIDA PARA CALCULAR EL MONTO DE LAS GARANTÍAS QUE SE FIJEN EN LOS JUICIOS DE AMPARO.

Diversas personas interpusieron recursos de queja y de revisión en el incidente de suspensión para impugnar el monto de las garantías fijadas por Juzgados de Distrito al acordar diferentes asuntos. Consideraron que su determinación carecía de parámetros objetivos o que no se tomaron en cuenta las características personales y capacidad económica de la persona quejosa para fijarlas.

Las herramientas de inteligencia artificial pueden emplearse válidamente en procesos jurisdiccionales para calcular el monto de las garantías que se fijen en los juicios de amparo, en el entendido de que su utilización no sustituye la labor de las personas juzgadoras, sino que facilitan y eficientizan la administración de justicia.

Ante el avance de las nuevas tecnologías y las tendencias emergentes de justicia digital, la inteligencia artificial es una herramienta innovadora que puede incorporarse a los procesos para facilitar el razonamiento numérico dentro de labores jurisdiccionales. La jurisprudencia exige parámetros para calcular las garantías que deben fijarse en los juicios de amparo, lo que exige operaciones como la actualización de valores, la aplicación de tasas de interés y la ponderación de lapsos procesales. Estas actividades, aunque necesarias para la motivación de una resolución judicial, no forman parte del núcleo decisorio jurisdiccional, sino que constituyen labores auxiliares susceptibles de apoyo tecnológico. El uso de herramientas de inteligencia artificial en estos casos se justifica porque permite: a) reducir errores humanos en dichos cálculos; b) dar transparencia y trazabilidad al exponer cómo se obtiene el resultado paso a paso; c) generar consistencia y estandarización en los precedentes y en la fijación de los montos de las garantías; y d) mejorar la eficiencia procesal, al liberar tiempo para el análisis sustantivo del caso y facilitar la motivación de las decisiones judiciales. Este mecanismo, recomendable desde una visión institucional de los tribunales que adoptan mejores prácticas para la administración de justicia, permite a las personas juzgadoras obtener datos auditables que muestran de manera transparente cómo se cuantifica una garantía. De esta forma se preserva el núcleo esencial de la función jurisdiccional, a la vez que se refuerza la motivación y transparencia del fallo, en consonancia con un principio de justicia digital y los estándares de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal.