DERECHO A LA REINSERCIÓN SOCIAL. NO CONSTITUYE UN CRITERIO A CONSIDERAR POR LAS PERSONAS JUZGADORAS AL INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN PENAL.

Un hombre fue declarado penalmente responsable por el delito de feminicidio, en el que el cuerpo de la víctima fue abandonado en un lugar boscoso con signos de violencia de género. El sentenciado interpuso recurso de apelación, en el que se modificó la sentencia de primera instancia para reducir el grado de culpabilidad inicialmente impuesto.
Las víctimas indirectas promovieron amparo directo en el que reclamaron que la autoridad responsable consideró el derecho humano a la reinserción social como parámetro objetivo para individualizar la pena de prisión. El sentenciado promovió amparo adhesivo.
El Tribunal Colegiado de Circuito negó la protección constitucional, por lo que las víctimas indirectas interpusieron recurso de revisión y el sentenciado revisión adhesiva.

El derecho humano a la reinserción social reconocido en el artículo 18 de la Constitución Federal no constituye un criterio que pueda ser considerado por las personas juzgadoras al individualizar las penas. Es una directriz del sistema penitenciario y no una circunstancia relevante para imponer las sanciones.

El derecho a la reinserción social encuentra su aplicación en el ámbito de la punibilidad o penalidad, en el que la persona legisladora establece márgenes de sanción en abstracto al diseñar los tipos penales, con el fin de evitar penas desproporcionadas e injustificadas, conforme al artículo 22 constitucional.
Lo anterior, porque derivado de las reformas constitucionales de 18 de junio de 2008 y de 10 de junio de 2011, el artículo 18 de la Constitución Federal reconoce el derecho a la reinserción social como fin de la pena, orientada a que la persona sentenciada pueda reincorporarse a la sociedad una vez cumplida la sanción, a través de mecanismos propios del sistema penitenciario.
En ese contexto, la reinserción social constituye una directriz que orienta al legislador en la configuración de las penas y a las autoridades penitenciarias en su ejecución, pero no es un factor individual de valoración para agravar o atenuar la pena de prisión al momento de individualizarla.
Si bien la individualización de la sanción penal corresponde a la autoridad jurisdiccional, lo cierto es que debe realizarse exclusivamente con base en los criterios previstos en el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos a la gravedad de la conducta típica y al grado de culpabilidad del acusado, sin incorporar consideraciones ajenas a dichos parámetros.