ALEGATOS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. LA PERSONA JUZGADORA NO ESTÁ OBLIGADA A TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL DICTAR SENTENCIA.

Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si en atención al principio de oralidad, al dictar sentencia en un juicio oral mercantil deben considerarse los alegatos formulados por las partes. Mientras que uno consideró que la falta de su estudio no resulta lesivo a la esfera jurídica de quien los formuló, ya que no forman parte de la litis; el otro sostuvo que no deben soslayarse en la sentencia, en atención a las características del proceso oral.

En el juicio oral mercantil la persona juzgadora, al dictar sentencia, no está obligada a tomar en consideración los alegatos formulados por las partes.

Si bien los alegatos constituyen una formalidad esencial del procedimiento oral mercantil, también lo es que se trata de la exposición verbal que realizan las partes sobre la litis planteada en el juicio en la etapa escrita postulatoria, adminiculándola con las pruebas ofrecidas, admitidas y desahogadas oportunamente en el periodo probatorio, con el objeto de obtener sentencia favorable a través de argumentos con los que intentan convencer a la persona juzgadora, entre otras cosas, sobre el alcance que consideran que debe darse a sus pretensiones en relación con las pruebas desahogadas en el juicio. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 1390 Bis 38 del Código de Comercio, una vez desahogadas las pruebas durante la audiencia de juicio, el Juez concederá a las partes el uso de la palabra para formular alegatos, hecho lo cual declarará visto el asunto y dictará de inmediato la resolución correspondiente. Así, el hecho de que esa clase de procesos se rijan preponderantemente por el principio de oralidad no implica que al dictar sentencia la persona juzgadora deba pronunciarse de manera expresa respecto de los alegatos formulados por las partes ni a basar en ellos su determinación como parte integrante de la litis, pues además de que la ley no lo prevé así, máxime si se adicionan cuestiones relativas a la fijación de la litis, a lo que verdaderamente está obligado el órgano jurisdiccional es a formar sus propias conclusiones con la fundamentación y motivación debida, al tenor del litigio planteado por las partes y de conformidad con las pruebas válidamente admitidas y desahogadas en las etapas legalmente establecidas para tales actos.