Semanario Judicial

Esta semana, la jurisprudencia marca límites cruciales sobre cómo los ciudadanos y las empresas pueden protegerse ante las decisiones gubernamentales. La principal alerta se centra en el ámbito de la competencia y las telecomunicaciones: los tribunales han reforzado la dificultad para detener inmediatamente los actos de grandes reguladores como la COFECE y el IFT. Esto significa que las empresas deben prepararse para un riesgo operativo mayor, ya que no podrán obtener una suspensión rápida contra actos de estos organismos, un punto clave sobre el incidente de suspensión en amparo contra actos de reguladores especializados. Asimismo, en el crucial campo del Derecho Familiar, se ha declarado la inconstitucionalidad de ciertas normas que afectaban la división de bienes tras la anulación de un matrimonio, obligando a los jueces a proteger el patrimonio familiar de manera más rigurosa, un cambio que impacta directamente en la protección de la propiedad en casos de nulidad matrimonial.

En materia de litigio general, la Suprema Corte nos recuerda que la diligencia es esencial. Si usted busca la protección de la justicia federal, debe impugnar el primer acto que le perjudica; si solo impugna las consecuencias de un acto anterior que ya aceptó, se actualizará la figura de los actos derivados de otros consentidos, cerrando la puerta a su demanda. Por otro lado, hay un fortalecimiento en los derechos de las víctimas de delitos: ahora tienen una herramienta legal más fuerte para asegurarse de que las autoridades ministeriales cumplan con su deber. Se confirma que pueden usar el recurso de protección constitucional para reclamar la omisión de ejecutar una orden de aprehensión. Finalmente, en el sector público, se garantiza el derecho a una defensa técnica obligatoria para los integrantes de las instituciones de seguridad en los procedimientos administrativos disciplinarios, fortaleciendo el debido proceso.