Semanario Judicial

Esta semana, nuestro análisis se centra en decisiones que redefinen las reglas del juego en el ámbito laboral y administrativo, especialmente dentro del sector público. Existe una alerta crítica para las instituciones gubernamentales: la Suprema Corte ha dictaminado que negar permisos académicos para cursar posgrados a servidores públicos, justificándose solo en las “necesidades del servicio” o por haber estado en resguardo domiciliario durante la pandemia, constituye un acto discriminatorio. Esto obliga a las áreas de Recursos Humanos a revisar sus políticas para evitar demandas por represalias encubiertas. Además, se clarifica que el estatus de confianza del Asesor Fiscal Integral del SAT se define por las funciones que materialmente realiza y no solo por su título, sentando un precedente crucial para la estabilidad laboral de puestos directivos en la administración federal.

En materia penal, se han establecido estándares más rigurosos para garantizar la justicia y el debido proceso. Los juzgadores tienen ahora el deber explícito de identificar y evitar los sesgos cognitivos al valorar declaraciones, lo que representa una oportunidad para la defensa en juicio oral. Se subraya que el simple señalamiento del acusado realizado por un testigo en la sala es insuficiente para sustentar la responsabilidad penal, requiriéndose siempre un aporte de información objetiva y suficiente. Finalmente, las empresas reciben una alerta financiera importante: prestaciones extralegales como el Fondo de Ahorro, al ser parte del salario y depender de un plazo pactado, no están sujetas al plazo de prescripción laboral de un año. Esto significa que la obligación de pago de estos conceptos se mantiene vigente, incrementando el riesgo de pasivos laborales acumulados por periodos extensos.