Semanario Judicial

Esta semana, la Suprema Corte ha emitido criterios cruciales que refuerzan la protección de los ciudadanos frente a entidades poderosas, ya sean financieras o incluso asociaciones privadas. Se ha determinado que los contratos de crédito no pueden contener cláusulas que obliguen al usuario a litigar en lugares remotos, declarando nulos los pactos de prórroga territorial en contratos de adhesión. Esto representa una gran victoria para los consumidores, quienes ahora tienen mayor oportunidad de defenderse en su lugar de residencia. Además, el tribunal constitucional extendió la protección del juicio de amparo a situaciones cotidianas, permitiendo impugnar actos de condóminos—como bloquear el uso de un elevador—cuando estos afectan a personas vulnerables, como adultos mayores. Esta es una advertencia clara: las decisiones tomadas en privado que limitan derechos pueden ser sujetas a revisión judicial.

En el ámbito profesional y administrativo, se aclara la ruta legal para exigir cuentas. Si busca demandar personalmente a un médico de instituciones federales de seguridad social, la vía correcta es la Civil. Sin embargo, si su objetivo es que el Estado pague por la negligencia (responsabilidad patrimonial), debe acudir a la vía Administrativa, evitando el riesgo de desechar su caso por un error de procedimiento: una alerta crucial sobre la responsabilidad de médicos federales. Finalmente, hay noticias importantes para quienes enfrentan disputas financieras: se declaró que un artículo clave sobre la reclamación ante CONDUSEF viola el derecho de acceso a la justicia, lo que podría abrir la puerta a procedimientos más justos y accesibles para los usuarios de servicios financieros, obligando a revisar las regulaciones actuales.