PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. LOS ARTÍCULOS 137 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL Y 19 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO NO LO TRANSGREDEN.

Una persona condenada por el delito de secuestro exprés solicitó al Juez de Ejecución Penal el beneficio preliberacional de libertad condicionada. Su petición fue rechazada por el Juez, lo que se confirmó en recurso de apelación, pues los artículos 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro prohíben otorgar ese beneficio a las personas sentenciadas por el delito de secuestro en cualquiera de sus modalidades. La persona sentenciada promovió amparo indirecto en el que cuestionó la constitucionalidad de dichos artículos. El Juez de Distrito negó el amparo, contra lo que interpuso recurso de revisión, en el que insistió en la inconstitucionalidad de dichos preceptos, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito reservó la competencia para conocer del problema de constitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los artículos 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, permiten la aplicación de normas que, a pesar de no encontrarse vigentes durante el procedimiento de ejecución de las penas o la comisión de los delitos relativos, pudieran ser más favorables, por lo que no contravienen el principio de irretroactividad de la ley penal.

El principio de irretroactividad de la ley previsto en el artículo 14 constitucional indica que sólo pueden ser sancionadas las conductas delictivas definidas de forma previa, clara, expresa y taxativa en la ley, salvo los casos donde la aplicación de un nuevo ordenamiento sea más favorable para la persona.
Al respecto, los citados artículos 137 y 19 no aluden al mencionado principio constitucional ni regulan la aplicación del cuerpo normativo al que pertenecen, por lo que no eliminan toda oportunidad de que las personas sentenciadas puedan obtener el beneficio de libertad condicionada cuando las leyes conducentes así lo admitan.
A partir de una interpretación sistemática de los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como segundo transitorio de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, se advierte que existen pautas para aplicar esas legislaciones de una manera armónica con el texto constitucional.
Por regla general, los procedimientos deberán seguirse conforme a la legislación vigente en ese momento o durante la comisión de los hechos delictivos. Sin embargo, los beneficios preliberacionales también podrán tramitarse conforme a un ordenamiento posterior de manera excepcional, siempre que brinde un mayor beneficio a la persona sentenciada, en consonancia con el principio pro persona (de interpretación más favorable para la persona) previsto en el artículo 1o. constitucional.
De esta manera, los artículos 137 y 19 citados no ocasionan un problema de ultractividad ni contienen un obstáculo para la aplicación de otra norma que pudiera ser más benéfica para las personas sentenciadas.