ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. CUANDO LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DETERMINA EL RÉGIMEN LABORAL APLICABLE, ÉSTE PREVALECE SOBRE EL DECRETO DE CREACIÓN PARA FIJAR LA LEGISLACIÓN SUSTANTIVA Y PROCESAL APLICABLES, ASÍ COMO LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 55/2023 (11a.)].

Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al resolver conflictos competenciales relacionados con la determinación de la autoridad jurisdiccional competente para conocer de controversias laborales iniciadas por personal operativo adscrito a un organismo público descentralizado local, en los que se analizó si debía prevalecer el decreto legislativo de creación o la negociación colectiva para determinar el régimen laboral aplicable y, por ende, la competencia jurisdiccional, a partir de la aplicación por analogía de la tesis jurisprudencial referida. Mientras que uno concluyó que no era procedente aplicarla por analogía, al considerar que el precedente fue construido exclusivamente respecto de organismos públicos descentralizados federales; el otro estimó que sí resulta aplicable por identidad de razón.

En aplicación por analogía de la tesis jurisprudencial 2a./J. 55/2023 (11a.), en los conflictos laborales suscitados entre organismos públicos descentralizados locales y su personal operativo, cuando en la negociación colectiva se define el régimen laboral aplicable, éste prevalece sobre el decreto de creación para fijar la legislación sustantiva y procesal aplicable, así como la competencia jurisdiccional.

La extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia mencionada estableció que la legislación procesal aplicable a las controversias laborales de los organismos descentralizados debe corresponder al régimen que realmente rige las relaciones laborales, ya sea que éste provenga de la norma de creación o de instrumentos convencionales. Esto evidencia que el origen formal del organismo no es el único elemento para definir su régimen, sino el marco normativo efectivo que regula sus relaciones de trabajo. De ese modo, tanto los entes federales como los locales comparten naturaleza jurídica: personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica y funcional, así como capacidad de contratar y negociar colectivamente. Además, el artículo 123 constitucional, los Convenios 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, el Protocolo de San Salvador y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocen la negociación colectiva como derecho humano cuya eficacia normativa debe garantizarse. La negociación colectiva tiene fuerza vinculante y constituye una fuente formal del derecho del trabajo, capaz de definir el régimen aplicable a las relaciones laborales. Negar efectos a una negociación colectiva válida implicaría una reducción injustificada del derecho de libertad sindical y negociación, contrariando estándares internacionales y constitucionales. Por tanto, cuando el pacto colectivo señala de manera expresa el régimen laboral aplicable, éste debe prevalecer para efectos de determinar la legislación sustantiva y procesal aplicables y la competencia jurisdiccional. Así, la jurisprudencia referida resulta aplicable por analogía a los organismos públicos descentralizados locales respecto de las controversias laborales con su personal operativo, cuando exista una negociación colectiva que determine el régimen jurídico laboral aplicable a las relaciones de trabajo, ya que el mismo no deriva exclusivamente del decreto de creación del organismo, sino de la fuente normativa que realmente regula y orienta la relación laboral. En consecuencia, lo pactado en el contrato colectivo, contrato-ley, negociación colectiva o cualquier otra denominación equivalente, constituye el fundamento para determinar la legislación procesal aplicable, así como la autoridad jurisdiccional competente.