IMPUESTO A LA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA. AL GRAVAR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO LAS EMISIONES INDIRECTAS DERIVADAS DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN (ARTÍCULOS 69 S, 69 S BIS Y 69 S TER DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS).

Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera previsto en los artículos citados, en relación con la regla I.19.4., del Acuerdo Modificatorio de las Reglas de Carácter General de la Secretaría de Finanzas para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado en el Periódico Oficial local el 28 de abril de 2022, en el que amplía el objeto a emisiones indirectas vinculadas al consumo de energía eléctrica. Mientras que uno consideró que es de naturaleza ambiental, por lo que el Congreso Local está facultado para regularlo; el otro sostuvo que invade la esfera de competencia federal, pues incide sobre emisiones indirectas vinculadas al consumo de energía eléctrica, cuya generación y medición dependen de procesos industriales ajenos al ámbito estatal.

El impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera en el Estado de México, al gravar emisiones indirectas derivadas del consumo de energía eléctrica, invade la esfera competencial de la Federación.

El esquema previsto en los artículos 69 S, 69 S Bis y 69 S Ter del Código Financiero del Estado de México y Municipios, en relación con la regla I.19.4. señalada, convierte el consumo de energía eléctrica en un hecho imponible sin correspondencia con una fuente emisora bajo jurisdicción estatal. El impuesto a la emisión de gases contaminantes se calcula mediante parámetros técnicos externos a la administración local, de modo que no grava una externalidad ambiental efectivamente generada en el territorio del Estado de México, sino que atribuye al usuario local una proporción teórica de contaminación derivada de la producción de energía eléctrica. Este diseño rompe el principio de correspondencia causal que debe regir la potestad tributaria de los Estados, pues el hecho generador no guarda relación directa con una fuente fija de contaminación controlable o verificable dentro de la entidad. Por ende, la carga fiscal recae sobre un fenómeno ajeno a su ámbito material y territorial de competencia. En las controversias constitucionales 56/2017 y 119/2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que los tributos ambientales locales deben vincularse con fuentes de contaminación situadas en el territorio de la entidad y sujetas a su fiscalización, por lo que es improcedente extender su alcance a emisiones indirectas derivadas de actividades cuya fuente causal o método de cuantificación se encuentra en el ámbito federal. Por ende, ese impuesto ecológico, al incorporar como objeto imponible las emisiones indirectas por consumo de energía eléctrica, traslada su efecto a una materia de competencia federal, distorsiona la finalidad ambiental que lo justifica y rebasa los límites materiales de la potestad tributaria estatal.