Semanario Judicial

Esta semana, nuestro análisis se centra en resoluciones que redefinen los límites del acceso a la justicia y la manera en que la autoridad debe interactuar con los ciudadanos. Destaca una importante victoria constitucional en Nuevo León, donde se declara que la figura de la caducidad de la instancia por inactividad procesal en materia administrativa viola el derecho fundamental de acceso a la justicia, eliminando un obstáculo significativo para los litigantes. En el ámbito de las multas, la Suprema Corte clarifica cuándo inicia formalmente la aplicación de la ley cuando se recibe una boleta de infracción captada mediante dispositivos tecnológicos, un punto crucial para determinar los plazos de defensa de los automovilistas. Por otro lado, un criterio relacionado con el derecho de acceso a la justicia de personas con discapacidad establece que las autoridades deben verificar la necesidad de implementar ajustes razonables en el procedimiento desde las primeras etapas del juicio de amparo.

Además, abordamos alertas esenciales para el mundo de los negocios y el derecho penal. En juicios mercantiles, alertamos a los abogados: la persona juzgadora no está obligada a tomar en consideración los alegatos finales al dictar sentencia, lo que subraya que la etapa de prueba sigue siendo la más crítica. Para las empresas con operaciones internacionales, existe un riesgo fiscal mayor: si un contrato privado celebrado en el extranjero busca tener efectos fiscales en México, debe contar obligatoriamente con el requisito de “fecha cierta”, alineándose con la legislación civil mexicana para evitar contingencias tributarias. Finalmente, en materia penal, se establece que si una víctima o testigo se retracta en el juicio oral, solo la versión rendida ante el Tribunal de Enjuiciamiento tiene valor probatorio, lo que tiene un impacto directo en la eficacia de la prueba testimonial.