OMISIÓN DEL JUEZ DE EJECUCIÓN DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UNA CONTROVERSIA JUDICIAL. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.

Personas sentenciadas recluidas en centros penitenciarios promovieron amparo indirecto contra la omisión del Juez de Ejecución de vigilar el cumplimiento de la resolución que emitió en una controversia judicial relacionada con las condiciones de su internamiento que les resultó favorable. El Juzgado de Distrito desechó de plano la demanda al considerar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad, porque previo a su promoción los quejosos debieron instar el mecanismo para ejecutar la resolución establecido en el artículo 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Inconformes, interpusieron recurso de queja.

Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra la omisión reclamada procede el amparo indirecto sin necesidad de agotar el principio de definitividad.

El artículo 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que la resolución definitiva de la controversia judicial se ejecutará una vez que se encuentre firme, por lo que el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad penitenciaria su cumplimiento, pudiéndose presentar las hipótesis siguientes: a) cumplimiento sin objeción del interesado; b) cumplimiento con inconformidad del interesado; c) cumplimiento parcial o de imposible cumplimiento; d) imposibilidad material o económica; o e) falta de cumplimiento por parte de la autoridad penitenciaria. Los supuestos regulados expresamente en el precepto citado no establecen el relativo a la omisión del Juez de Ejecución de vigilar o velar por el cumplimiento de la resolución que emitió en una controversia judicial, ni tampoco se encuentra en las hipótesis establecidas por los artículos 130, 131 y 132 de la misma ley para la procedencia de los recursos de revocación y apelación. Por ende, contra el referido acto reclamado procede el amparo indirecto.