PERSONAS INTEGRANTES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, ES APLICABLE SÓLO A LAS QUE REALIZAN FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PERTENECEN A LA CARRERA POLICIAL.

Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la naturaleza de la relación de las personas servidoras públicas con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, cuando realizan actividades distintas a las de vigilancia y custodia en los establecimientos penitenciarios, a efecto de determinar el régimen jurídico aplicable para conocer de los conflictos suscitados con motivo de la prestación de sus servicios. Mientras que uno estimó que por la sola adscripción a centros de reinserción social, los cargos desempeñados forman parte del personal de seguridad pública, por lo que la relación es de naturaleza administrativa, regulada por el régimen de excepción previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, por ende, los conflictos suscitados debían dirimirse ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el otro consideró que el régimen de excepción no se actualiza cuando realizan actividades distintas a las de vigilancia y custodia en dichos centros, por lo que en ese supuesto la relación es laboral, normada por la fracción XIV del propio precepto constitucional.

Las personas integrantes del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social que realicen funciones en materia de seguridad pública y que pertenezcan a la carrera policial, señaladas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, están sujetas al régimen de excepción señalado, mientras que las que realizan funciones de confianza en términos genéricos, mantienen una relación de naturaleza laboral.

El artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos distingue entre un régimen excepcional aplicable a las personas integrantes de las instituciones policiales (fracción XIII) y un régimen para los trabajadores que realizan funciones de confianza en términos genéricos (fracción XIV).
El artículo 60, segundo párrafo, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirma esa lógica al prever que las relaciones jurídicas del personal de seguridad pública se rigen por las citadas fracciones XIII y XIV "según corresponda", lo que evidencia un doble régimen en las instituciones policiales, de acuerdo con las funciones que se desempeñen y con la pertenencia a la carrera policial, y no exclusivamente a la pertenencia orgánica o adscripción de la persona servidora pública.
Al respecto, la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 93/2012, de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 67/2012 (10a.), sostuvo que el régimen de excepción se actualiza únicamente tratándose de quienes realizan la función policial y están sujetos al servicio profesional de carrera, en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ello, quienes pertenecen a dichas instituciones, pero no realizan funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública, y no están sujetos a ese sistema, mantienen una relación de naturaleza laboral con esas instituciones, regulada en la señalada fracción XIV, pues su adscripción no implica que la relación sea administrativa, ni que quede sujeta al régimen de excepción.
En ese contexto, la naturaleza de la relación de las personas adscritas al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social o a los Centros Federales de Reinserción Social debe basarse en el nombramiento, las funciones y la pertenencia a la carrera policial. Lo que, además, trae como consecuencia que se pueda delimitar la vía adecuada para dirimir un conflicto derivado de la prestación de servicios con ese órgano, es decir, si la persona realiza funciones de seguridad pública, procede el juicio contencioso administrativo, y si son de confianza en términos genéricos, el asunto debe dirimirse ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.