NEGOCIACIONES ILÍCITAS. EL ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 8 DE JUNIO DE 2012 AL 27 DE MAYO DE 2022).

Una persona servidora pública fue sentenciada por el delito de negociaciones ilícitas previsto en el artículo referido. En amparo directo impugnó su constitucionalidad al sostener que vulnera el principio de exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad, porque no califica expresamente como “indebida” la conducta descrita en el tipo penal, lo que a su criterio permite sancionar cualquier acto jurídico celebrado por una persona servidora pública que genere beneficios a terceros, aun cuando sea lícita.
El Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo al considerar que el tipo penal carece de precisión. El Ministerio Público interpuso recurso de revisión.

El artículo 271 del Código Penal para el Estado de Querétaro, vigente del 8 de junio de 2012 al 27 de mayo de 2022, no viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

Los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el principio de exacta aplicación de la ley penal, cuya vertiente de taxatividad exige que las conductas prohibidas estén descritas con la suficiente claridad y precisión para que su destinatario pueda conocer el alcance de la prohibición, sin permitir interpretaciones arbitrarias. No obstante, dicho principio impone una exigencia de determinación suficiente, no de precisión absoluta.
El artículo 271 referido, tipifica el delito de “negociaciones ilícitas” dentro del apartado relativo a delitos cometidos por servidores públicos, lo que evidencia que el bien jurídico tutelado es el correcto funcionamiento del servicio público.
La expresión “ilícitas” contenida en la denominación del tipo penal constituye un elemento normativo que califica la antijuridicidad de las negociaciones sancionadas, por lo que delimita el alcance de la prohibición y excluye las actuaciones realizadas conforme al marco jurídico aplicable.
La ausencia del vocablo “indebido” en la primera hipótesis típica no genera indeterminación normativa, ya que el carácter ilícito de las negociaciones se integra a partir de la propia estructura del tipo y de su interpretación sistemática con el artículo 134 constitucional, que impone a los servidores públicos la obligación de observar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos.
Interpretado en su contexto normativo, el precepto impugnado permite conocer con claridad que únicamente se sancionan las negociaciones contrarias al orden jurídico que regula la función pública, por lo que satisface las exigencias del principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad.
El hecho de que el legislador haya reformado posteriormente la disposición para incorporar el término “indebidamente” no implica que la redacción anterior fuera inconstitucional, pues las reformas legislativas pueden obedecer a criterios de técnica normativa o perfeccionamiento sistemático, sin que ello suponga el reconocimiento de invalidez previa.