CONTRATOS DE SUMINISTRO DE AGUA TRATADA CELEBRADOS ENTRE UN PARTICULAR Y UN ENTE DEL ESTADO. TIENEN NATURALEZA ADMINISTRATIVA.

Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la naturaleza de los contratos de suministro de agua tratada celebrados entre un particular y un ente del Estado. Mientras que uno estimó que su naturaleza es mercantil; el otro consideró que es administrativa.

Los contratos de suministro de agua tratada celebrados entre un particular y un ente del Estado son de naturaleza administrativa.

El contrato administrativo se caracteriza porque en su suscripción participa el Estado por conducto de la administración pública, sea centralizada o descentralizada, y su objeto está vinculado estrechamente con el cumplimiento de servicios públicos. En el amparo en revisión 1007/2016, la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que en el contrato de suministro de agua "existe libertad de contratación, pero no existe realmente libertad contractual", porque el documento de contratación constituye un guión administrativo o contrato administrativo de adhesión que funciona únicamente como forma de expresión de la voluntad del usuario para el acceso al sistema de suministro de agua que es manejado por un organismo descentralizado, pero en el cual no existe libertad contractual, pues las partes no pueden pactar las cláusulas a su conveniencia, ya que el contenido deriva directamente de las funciones y facultades establecidas en las leyes, reglamentos y decretos relativos. En el caso, la relación jurídica es de naturaleza administrativa porque se genera entre particulares (personas físicas y/o morales) y organismos públicos municipales descentralizados, los cuales no actúan en un plano de igualdad, sino de supra a subordinación. Se trata de un servicio público, consistente en el contrato para suministro de agua tratada que, aunque exista contraprestación económica, deriva de la gestión pública del recurso hídrico. En los contratos de agua tratada el objeto no es mercantil, pues conforme al Código de Comercio, en este tipo de contratos se requiere que: 1) ambas partes actúen como comerciantes; 2) el acto tenga finalidad especulativa; y 3) se celebre en condiciones de igualdad jurídica. En los contratos de agua tratada el objeto no es una mercancía ordinaria, sino un bien público regulado por el Estado, quien al suscribirlos no actúa como comerciante o particular, sino como gestor del servicio público. Además, el precio o tarifa no se rige por la libre oferta y demanda, sino por leyes, reglamentos o disposiciones administrativas, de ahí que la sola existencia de una contraprestación no transforma el contrato en mercantil. Máxime que el Estado está obligado a velar y proteger el derecho humano al agua, ya sea potable o tratada, pues lo relevante es salvaguardar el recurso hídrico.